La sociedad venezolana, y sí, la nuestra, la que me interesa ayudar a cambiar, lleva casi un siglo tratando de alcanzar dichas cualidades; mayores libertades democráticas para el beneficio de toda su gente.
Al parecer, esta tarea no ha sido nada fácil.
Desde los gobiernos de principios del siglo XX hasta hoy, hemos visto una historia nada gratificante para las huestes de la humanidad. Sobrados intentos de seudoreyezuelos con un sin fin de atributos para manejar las riendas del destino de un país joven, aún en términos políticos y sociales como nación, insólitamente fracasaron después de haber tenido tan milagrosa oportunidad.
Esos hombres de poder, o cada jefe de gobierno o Estado, contaban con al menos leales fuerzas militares para la defensa de la "soberanía" y el control del orden interno, así como hombres para cumplir tareas especiales o, digamos mejor, instrucciones específicas que le permitirían -al reino de su majestad- una paz y gobernabilidad estable.
Es allí, precisamente en donde los principales cuerpos de seguridad y de investigación de delitos jugaron un papel importante en la epopéyica tarea del sostenimiento de la "justicia".
A mi parecer, la policía de investigación no puede ser dueña del monopolio de una labor que muy bien puede ser realizada por personas particulares y, por qué no, a solicitud de la parte interesada como lo hacen las agencias privadas en otras partes del mundo, gracias a la visión de Allan Pinkerton en 1850.
Quizás el miedo a que otros sepan la verdad ha atornillado una rama profesional para exclusividad de las instituciones del Estado. Tal es el caso de lo que ocurre en el sistema judicial venezolano.
Para no ser mezquino, debo reconocer que así mismo han habido exitosos detectives a lo largo de todos estos periodos de inquisición judicial venezolana, hombres de la talla de Pedro Estrada o Manuel Molina Gásperi, por señalar un par de ejemplos elitezcos, quienes siempre lograban sus objetivos detectivescos, aunque no todos con la pericia científica de la cual podían hacer gala por su formación académica, pero terminaron enlodados en el fango del crimen político.
De manera más contemporánea, para ello algunos gobiernos también se valían de leyes con perfecta medida punitiva para la estricta represión de las voces disidentes y críticas. Asesinatos, atentados terroristas y distorsión de la verdad, ésta última a través de la manipulación mediática; actualmente vemos como esta práctica sigue teniendo fuerza con ayuda de la tecnología.
Pero no todo está perdido. Gracias a la buena voluntad de la mayoría de los ciudadanos de la sociedad, de los hombres y mujeres de bien que todavía quedan y que continuarán germinando los valores de la justicia y la libertad, hallaremos confianza de nuevo en el prestigio de la labor policial y detectivesca del país.
La refundación de la república supone la ruptura de viejos lineamientos o paradigmas del orden social y político, siendo uno de los más urgentes emplear procesos de apertura para un fin superior: el respeto y garantía de los derechos civiles y ciudadanos. Leyes humanistas para el goce de una libertad plena y real, donde impere la verdad y la justicia.
Bajo esos principios se deben crear nuevos proyectos con la misión de dignificar la función de seguridad pública y ciudadana.
Un investigador trabaja con su cerebro, desarrolla su capacidad intelectual en cada pesquisa que realiza, valorando las posibles causas y analizando toda clase de evidencia tangible por muy microscópica que sea. Un investigador, público o privado, no apoya el crimen, lo combate, lo descubre y lo evita. Debe ser ético como todo profesional. No actúa bajo ninguna aspiración pasional o ideológica, su norte es y será siempre la rectitud y la firmeza para con la ley.
Los recursos de la ciencia no son propiedad de los funcionarios del gobierno. La ciencia y el arte son universales, pertenecen al hombre libre, y para su derecho a serlo, en sana convivencia. En este sentido, mal puede arrogarse algún cuerpo policial o detectivesco la avariciosa justificación de ser buscadores de respuestas de hechos que son de interés común, en los supuestos de la comisión de un delito de acción pública o para el esclarecimiento del crimen, pues cualquier persona con suficiente credencial moral lo podría hacer. En aquellos casos puntuales de interés privado o a instancia de parte interesada, bien sea como persona natural o jurídica que resultare afectada u ofendida, el actuante está en todo su derecho de escoger los medios legales para servirse y hallar respuestas que desconoce o las soluciones que necesita para compensar el daño que sufrió.
En general, y para concluir, el prestigio de la labor detectivesca depende del éxito alcanzado, eficientemente, mediante el uso apropiado de herramientas técnico-legales, dentro del marco de las leyes y de la credibilidad que inspire en la ciudadanía.
