No se trata de un mero problema de inseguridad, lo que hay es una crisis
de seguridad pública y de la seguridad en general, producto del inadecuado
manejo del tema por parte de las autoridades tanto nacionales como locales, y
por supuesto también de algunos “colaboradores” privados o particulares.
¿Quién puede creer que la seguridad privada es más importante que la seguridad pública o de la que debería proveernos las instituciones del Estado? Si bien esta pregunta denota que es imposible que haya una seguridad privada efectiva cuando la pública o principal no funciona, o mejor dicho, no se tienen resultados positivos.
El derecho a las actividades comerciales es de viaja data en el país. Por
ejemplo, para registrar una compañía o sociedad anónima no exigen a los
interesados que sean mansos corderitos o tengan una hoja de vida intachable,
simplemente pagan al fisco y ya son empresarios.
Para tratar de tener mayor control sobre los prestadores de servicio de
seguridad privada en las distintas formas o naturaleza económica existentes, el
gobierno nacional a comienzos del 2018 decretó una especie de normativa o de “reglamento”
(sin existir ninguna ley especial en materia de protección de bienes o activos),
la cual no ha tenido mayor impacto ya que el problema de fondo aún sigue estando
intacto: la piratería en el sector de la seguridad privada.
Según la RAE (Real Academia Española), el término piratería viene de
pirata, y uno de los dos adjetivos que puede utilizarse, indica que al
referirnos a la palabra pirata define
a ésta como hecho o cosa ilegal, que
carece de la debida licencia o que está falsificado.
A mi juicio, el Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad
Privada -vigente- solo favorece a grandes
compañías que ya se encuentran bien consolidadas en el mercado venezolano de la
seguridad desde mediados del siglo XX, de donde la renta púbica siempre ha
obtenido altísimas sumas de dinero por concepto de impuestos. Este nuevo
ordenamiento jurídico no solo afecta la libre competencia sino que por ende impide
la posibilidad de poder sumarse la pequeña empresa a un sector tan importante por
la creciente innovación tecnológica a nivel mundial.
La seguridad privada en Venezuela sigue en “el sótano de la vigilancia”.
El capricho de una suerte de viejas firmas mercantiles que aparentan ser unas
mejores que otras, pero que todas por igual han sabido explotar
desproporcionadamente a la gente, su más valioso recurso: el humano.
El artículo 11 del referido reglamento expresa que el capital mínimo para poder
constituir una empresa de seguridad y vigilancia privada o de protección de
personas y bienes es de 500.000 UT, creyéndose que con esta exigencia de
liquidez financiera los dueños de dichas compañías cumplirán a cabalidad sus
compromisos contractuales con sus trabajadores o responsabilidad civil ante terceros.
Lo viejo no es malo, pues la experiencia es valiosa. El problema son los
caducos paradigmas al seguir manteniendo una visión arcaica que hoy resulta
errada, cuando el cambio y la adaptación son fundamentales. Tampoco creo que el
tamaño del capital financiero es garantía de cumplimiento de la ley, pues la
rectitud en las personas lo determinan sus principios y valores, no su billetera.
Si no fuese así, no habría tantos empresarios con grandes fortunas de dinero involucrados
en delitos de soborno u otros ilícitos económicos, así como de fraudes
mercantiles (lavado de activos), entre otros.
El Ejecutivo Nacional al no poder hacerse cargo de su propia
responsabilidad institucional para resolver la crisis de seguridad ciudadana
ante el desbordante flagelo de la corrupción y del crimen organizado, menos puede
pretender poner orden en los operadores privados dedicados a proveer
“seguridad”, a quienes de alguna forma le fue trasladando una tarea o responsabilidad
que, repito, le compete a las instituciones del estado, pero que debido al
déficit de funcionarios policiales, las autoridades se hacen la vista gorda y
guardan silencio.
La pandemia ha dejado a millones de personas sin empleo, obligándolas a
realizar cualquier tipo de actividades que le generen ingresos mínimos para
sobrevivir, y muchas de estas actividades suceden en el sector informal.
Trabajar en la vigilancia privada siempre ha sido una alternativa de empleo
para muchos, entre los que destacan personas con escaso conocimiento técnico o
formación académica en materia de seguridad, la mayoría de ellas provenientes de
los estratos más necesitados de la sociedad.
Algunos datos
Según un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, elaborado por el
Centro de Investigaciones Jurídicas, titulado PROYECTO S1-2675, para mediados
del año 1997 en Venezuela existían 522 empresas de seguridad debidamente
autorizadas por el Ministerio de Relaciones Interiores, mientras que la
Dirección de Armas y Explosivos estimaba que paralelamente unas 200 operaban sin
los permisos correspondientes.
De manera oficial no se tienen datos precisos acerca de la cantidad real
de compañías que a la fecha están “legalmente establecidas” e inscritas ante la
Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (digeservisp), organismo adscrito al Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cual a partir del 2018 también se encarga de regular a las empresas que brindan servicios de
seguridad privada “a través de medios
electrónicos, tales como instalación y monitoreo de cámaras de seguridad,
circuitos cerrados, medios aéreos no tripulados, sensores de movimientos,
cercos eléctricos, telefonía móvil, sistemas de alarmas, GPS, entre otros”.
Sin embargo, se estima que la cifra de empresas registradas en los años noventa
se ha triplicado, incremento dado gracias a que muchas pudieron
registrarse antes de que entrara en vigencia el referido reglamento del 2018, conociéndose
extraoficialmente que más de mil compañías no cuentan con autorización para
operar en este ramo, pero todavía continúan funcionando ante la demanda de
clientes urgidos por contratar los servicios de guardias de seguridad o
dispositivos de seguridad electrónica sin importar la condición o estatus de
dicho ofertante. Es decir, también hay una corresponsabilidad social y moral al
no tomarse las medidas pertinentes a fin de constatar la permisología de estas
empresas así como de otros requerimientos que son de vital importancia
verificar antes de aceptar sus servicios.
Gracias a invaluables esfuerzos que desde el gremio de la seguridad
privada en Venezuela se viene llevando a
cabo por parte de algunos empresarios, profesionales y académicos de honorable
trayectoria, es que se ha podido mantener un sano equilibrio comercial y de
respeto reputacional del sector.
Son los entes del Estado los que deben decidir si actúan apegados a la Constitución y a las Leyes, y reunirse con el sector empresarial mediante un diálogo sincero para trabajar en conjunto y fomentar acuerdos de participación ciudadana y equidad en las políticas de seguridad, o decidir dar la espalda en un tema que nos interesa a todos por igual, dejando en la oscura incertidumbre el destino de la seguridad y protección de la vida, de los bienes y propiedades de las personas.
La seguridad pública y privada estando fortalecidas darían mejor resultados, con condiciones de confianza para invertir y favorecer el progreso, pero en un contexto jurídico y social de respeto a los derechos y libertades democráticas.
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